La responsabilidad de los gobernantes en el conflicto ucraniano‎

En ocasión del primer año de la intervención militar rusa en Ucrania, la OTAN ‎magnifica las acciones de las fuerzas de Kiev. Así vemos como la alianza atlántica ‎despliega la propaganda más engañosa, recurriendo hábilmente a la omisión y a veces ‎directamente a la mentira. A pesar de lo que afirma la propaganda atlantista, ‎la operación militar rusa en Ucrania nunca fue ilegal. El hecho es que las causas del ‎conflicto siguen existiendo y Moscú ya prevé que habrá un “segundo round”, pero ‎no para anexar Ucrania o Moldavia sino para salvar a la población de Transnistria. ‎

Al conmemorar el primer año del enfrentamiento militar este-oeste en Ucrania, los gobernantes ‎occidentales tratan de convencer a sus gobernados de que están «del lado correcto de la ‎Historia» y de que su victoria es «inevitable». ‎

Eso no es sorprendente. Es normal que los gobiernos traten de justificar lo que hacen. ‎El problema es que, en este caso, están mintiendo por omisión y los comentarios son pura ‎propaganda. La distorsión de la realidad es tan grande que podemos preguntarnos si, a fin de ‎cuentas, los derrotados de la Segunda Guerra Mundial han logrado hacerse con el poder en Kiev. ‎

«LA GUERRA ILEGAL, INJUSTIFICADA Y NO PROVOCADA DE RUSIA»

Todas las declaraciones occidentales nos dicen que Occidente condena la «guerra ilegal, ‎injustificable y no provocada de Rusia». [1]. Los hechos demuestran que eso es falso. ‎

Dejemos de lado la calificación de «injustificable» que nos remite a un posicionamiento moral ‎indecente. Las guerras no son fruto de alguna falta sino de un fracaso. Analicemos más bien la ‎calificación de «no provocada». ‎

Según la diplomacia rusa, el problema comenzó con la operación que Estados Unidos y Canadá ‎orquestaron en 2014 y el derrocamiento del presidente ucraniano democráticamente electo ‎Viktor Yanukovich, lo cual fue una violación de la soberanía de Ucrania y, por ende, una ‎violación de la Carta de la ONU. Hoy en día, es innegable que el gobierno de Estados Unidos ‎tuvo un papel determinante en aquella llamada «revolución de la dignidad» ya que la ‎subsecretaria de Estado Victoria Nuland –que en aquella época se ocupaba de Europa y Eurasia– ‎se mostró públicamente y en múltiples ocasiones junto a los golpistas. ‎

Según la diplomacia china –que acaba de publicar dos documentos sobre ese tema–, la primera ‎violación de la soberanía de Ucrania y de la Carta de la ONU ni siquiera fue en 2014 sino ‎en 2004, con la «revolución naranja»… igualmente organizada por Estados Unidos. Si Rusia ‎no menciona aquel primer episodio es porque también tuvo alguna participación, lo cual ‎no sucedió en 2014. ‎

La opinión pública occidental está tan acostumbrada a ver a Estados Unidos manipular multitudes y ‎derrocar gobiernos que ya no tiene conciencia de la gravedad de esos hechos. Desde ‎el derrocamiento de Mossadegh –en Iran, en 1953– hasta el del presidente armenio Serge ‎Sarkissian, en 2018, la opinión occidental se ha acostumbrado a ver «cambios de régimen» con uso de la ‎fuerza. Lo importante ni siquiera es que los dirigentes derrocados hayan realizado actos positivos ‎o negativos. Lo que sí resulta inadmisible es que su derrocamiento sea organizado por una potencia ‎extranjera, que sólo esconde su accionar utilizando como peones a pequeños grupos de ‎opositores locales. Aun sin intervención militar, en realidad se trata de actos de guerra.‎

En cuanto a Ucrania, los hechos están ahí. La guerra en Ucrania fue provocada por las ‎violaciones de la soberanía ucraniana orquestadas en 2004 y en 2014, seguidas de 8 años de ‎guerra civil. ‎

Es importante recordar que en Derecho Internacional la guerra no es ilegal. La Carta de la ONU ‎no prohíbe recurrir a la guerra. El Consejo de Seguridad de la ONU incluso puede declarar ‎guerras (ver los artículos desde el 39 al 51). La particularidad del caso que nos ocupa es que los ‎miembros permanentes del Consejo están enfrentándose en la guerra de Ucrania. ‎

Rusia estuvo entre los países que firmaron los Acuerdos de Minsk, que debían poner fin a la guerra ‎civil. Pero, los dirigentes rusos no son tontos y pronto entendieron que Occidente no quería paz ‎sino guerra en Ucrania. Así que, 5 días después de la firma de los Acuerdos de Minsk, Moscú ‎hizo que el Consejo de Seguridad de la ONU les diera su aval mediante la adopción de la ‎resolución 2202. También obligó el oligarca Konstantin Malofeyev a retirar los hombres que había ‎enviado al Donbass e hizo que se agregara a la resolución 2202 del Consejo de Seguridad un ‎anexo donde los presidentes de Francia, de Ucrania y de Rusia y la canciller alemana se hacían ‎garantes de la aplicación de los Acuerdos firmados. Las firmas de aquellos dirigentes ‎comprometían a sus países respectivos. ‎

Sin embargo: ‎
‎• El entonces presidente ucraniano Petro Porochenko declaró, a los pocos días, que no tenía ‎intenciones de ceder absolutamente nada sino que, al contrario, castigaría a los pobladores del ‎Donbass.‎
‎• La hoy ex canciller alemana Angela Merkel declaró hace poco al diario Die Zeit que al firmar ‎los Acuerdos de Minsk sólo quería ganar tiempo para que la OTAN pudiera armar al gobierno de ‎Kiev [2]. Incluso, creyendo que ‎hablaba con el ex presidente Porochenko, Merkel precisó lo que había querido decir en sus ‎declaraciones a Die Zeit. ‎
‎• El hoy ex presidente francés Francois Hollande confirmó después a la publicación Kyiv ‎Independent lo que ya había dicho la señora Merkel [3]. ‎
‎• El 24 de febrero de 2022, Rusia, el único firmante serio, inició una operación militar especial en ‎virtud de su «responsabilidad de proteger» a la población del Donbass. Calificar la intervención ‎rusa como «ilegal» sería como decir, por ejemplo, que la intervención de Francia durante el ‎genocidio en Ruanda también fue ilegal y que había que permitir que continuara la masacre. ‎

Los correos electrónicos de Vladislav Surkov, el consejero especial del presidente ruso Vladimir ‎Putin –revelados por la parte ucraniana– en realidad confirman todo ese proceso. Durante los ‎años posteriores a la firma de los Acuerdos de Minsk, Rusia ayudó las poblaciones de las ‎Repúblicas ucranianas del Donbass a prepararse intelectualmente para la independencia. Fue una ‎injerencia ilegal… pero era la respuesta a la injerencia, igualmente ilegal, de Estados Unidos, país ‎que no armaba a Ucrania sino a los nacionalistas integristas ucranianos. La guerra ya había ‎comenzado, pero sólo entre ucranianos. Esa guerra civil costó 20 000 vidas en 8 años. Occidente ‎y Rusia ya intervenían pero sólo indirectamente. ‎

Es importante entender que cuando fingían negociar la paz, Angela Merkel y Francois Hollando ‎estaban cometiendo el peor de los crímenes. Según el Tribunal de Nuremberg, los «crímenes ‎contra la paz» son aún más graves que los crímenes «contra la Humanidad». ¿Por qué? Porque ‎los «crímenes contra la paz» no son la causa de tal o más cual masacre sino la causa de la ‎guerra misma. Es por eso que el presidente del parlamento ruso, Viacheslav Volodin, ha ‎solicitado que se convoque un nuevo Tribunal de Nuremberg para juzgar a Angela Merkel y a Francois Hollande [4]. Ese llamado, que ‎nos muestra el abismo que separa las dos percepciones del conflicto, no ha sido mencionado en ‎la prensa occidental.‎

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) estimó, el 16 de marzo de 2022, que «La Federación Rusa ‎debe suspender inmediatamente las operaciones militares que inició el 24 de febrero de 2022 en el ‎territorio de Ucrania» (réf: A/77/4, párrafos del 189 al 197). Moscú no obedeció, estimando que ‎la CIJ no había sido interrogada sobre la operación militar tendiente a proteger la población ‎ucraniana sino sobre la exigencia de un genocidio perpetrado por Kiev contra su propia población.

Por su parte, la Asamblea General de la ONU ha adoptado varios resoluciones –la más reciente es ‎la A/ES-11/L.7, del 23 de febrero de 2023. Ese texto «Exige nuevamente que la Federación Rusa ‎retire inmediatamente, completamente y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio ‎ucraniano en el interior de las fronteras internacionalmente reconocidas del país y llama a un cese ‎de las hostilidades». ‎

Pero ninguno de esos textos dice que la intervención rusa sea «ilegal». Ordenan o exigen que el ‎ejército ruso se retire. De los 193 Estados miembros de la ONU, 141 estiman que Rusia debe cesar ‎su intervención. Algunos la creen ilegal. Pero la mayor parte estiman que «ya no es necesaria» y ‎que implica sufrimientos innecesarios, lo cual no es lo mismo. ‎

El punto de vista de los Estados es diferente al de los juristas. El Derecho Internacional sólo puede ‎sancionar lo que ya existe. Los Estados deben proteger a sus ciudadanos de los conflictos ‎en preparación, y deben hacerlo antes de que sea demasiado tarde. ‎

Es por eso que, a pesar de la exhortación de la Asamblea General de la ONU, Moscú no ha ‎retirado sus tropas del campo de batalla. Moscú vio, durante 8 años, como la OTAN armaba ‎al gobierno de Kiev, vio como la alianza atlántica preparaba la guerra. Moscú también sabe que ‎el Pentágono está preparando un “segundo round” en Transnistria [5] y tiene que proteger a su población ante esa segunda operación. ‎

De la misma manera que escogió antes la fecha de su intervención en Ucrania, a partir de ‎informes que alertaban sobre un ataque inminente de Kiev contra la población del Donbass, ‎información que se confirmó sólo después de la intervención [6], Moscú decide ahora liberar toda la ‎Novorossiya, incluyendo Odesa. Mientras no aparezcan las pruebas que demuestran las ‎maniobras de Occidente, esa opción es jurídicamente inaceptable. Pero la responsabilidad de los ‎dirigentes rusos ante la población ya la hace necesaria. ‎

Es evidente que los observadores perciben esa diferencia de puntos de vista. Estimar que la ‎intervención rusa ya no es necesaria no es lo mismo que ponerse del lado de Occidente. ‎Es por eso que de los 191 Estados miembros de la ONU sólo 39 participan en las “sanciones” y ‎envían armas al gobierno de Kiev. ‎

UCRANIA ES UNA «DEMOCRACIA»

‎Los dirigentes occidentales también afirman que Ucrania es una «democracia». Además de que ‎esa palabra deja de tener sentido en una época en que la clase media está en peligro de extinción ‎mientras que la diferencia entre los distintos sectores de la población en materia de ingresos se ha ‎hecho más importante que en cualquier otro momento de la Historia de la humanidad –lo cual ‎nos aleja de la tan cacareada “igualdad de derechos”–, el hecho es que Ucrania es cualquier cosa ‎menos una «democracia».‎

Ucrania tiene hoy la Constitución más racista del mundo. Su artículo 16 estipula que «Preservar el ‎patrimonio genético del pueblo ucraniano es responsabilidad del Estado». Ese punto específico de ‎la Constitución ucraniana fue redactado por Slava Stetsko, la viuda del primer ministro que ‎los nazis impusieron a los ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial. ‎

Aquí tenemos un tema tan delicado que Occidente prefiere evitarlo. Al menos desde 1994, los ‎nacionalistas integristas ucranianos (no confundirlos con aquellos a quienes se suele llamar ‎simplemente «nacionalistas»), o sea los individuos que se identifican con la ideología de Dimitro ‎Dontsov y con los crímenes de Stepan Bandera, ejercen altas funciones en el seno del Estado ‎ucraniano [7]. ‎

De hecho, esa ideología se radicalizó con el paso del tiempo. En la Primera Guerra Mundial ‎no tenía el sentido que tuvo después, durante la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que ‎a partir de 1942, Dimitro Dontsov estuvo entre los individuos que concibieron la «solución final ‎de las cuestiones judía y gitana». Dimitro Dontsov fue administrador del Instituto Reinhard ‎Heydrich de Praga, órgano del III Reich que se encargó de asesinar millones de personas debido a ‎su origen étnico. ‎

Por su parte, Stepan Bandera fue el jefe militar de los nazis ucranianos y dirigió numerosos ‎pogromos y masacres masivas. Sus sucesores de hoy afirman que Bandera estuvo internado en ‎un campo de concentración, lo cual es falso –sólo estuvo bajo prisión domiciliaria en un suburbio ‎de Berlín, en la sede de la administración de los campos de concentración. En definitiva, al final ‎de la Segunda Guerra Mundial Stepan Bandera dirigía las tropas ucranianas, bajo las órdenes ‎directas de Hitler. ‎

Un año después del inicio de la intervención militar rusa, los símbolos de los nacionalistas ‎integristas pueden verse por toda Ucrania. El periodista de Forward, Lev Golinkin, que comenzó ‎a hacer un inventario de los monumentos que existen en todo el mundo en memoria de ‎personajes implicados en los crímenes de los nazis, presentó una lista sorprendentemente larga ‎de los monumentos de ese tipo que encontró en Ucrania [8]. Golinkin subraya que casi todos esos monumentos erigidos en Ucrania ‎son posteriores al golpe de Estado de 2014. Eso demuestra que las autoridades que llegaron ‎al poder en Kiev mediante aquel golpe de Estado no son sólo “nacionalistas” sino nacionalistas ‎integristas seguidores de quienes se pusieron al servicio de los nazis durante la Segunda Guerra ‎Mundial. ‎

Son muy pocas las personalidades occidentales que han tenido en cuenta las denuncias del ‎presidente Vladimir Putin sobre esa cuestión, a pesar de que el primer ministro de Israel, Naftali ‎Bennett, y su ministro de Defensa, el general Benny Gantz, subrayaron varias veces que Kiev ‎debería aceptar las exigencias de Moscú, al menos en cuanto a la destrucción de todos los ‎símbolos nazis que florecen en Ucrania. Kiev sigue rechazando ese reclamo. Y por eso Israel ‎no ha enviado ningún tipo de armamento a los sucesores contemporáneos de los asesinos de ‎judíos. Eso pudiera cambiar ahora, bajo la coalición gubernamental creada alrededor de ‎Benyamin Netanyahu, quien es por cierto heredero de los sionistas revisionistas de Lev ‎Jabotinsky, que se aliaron con los nacionalistas integristas ucranianos en contra de los soviéticos. ‎

La política actual del gobierno de Volodimir Zelenski resulta incomprensible. Por un lado ‎funcionan las instituciones democráticas, pero al mismo tiempo en Ucrania no sólo se celebra a ‎los nacionalistas integristas sino que además se prohíben los partidos políticos de oposición y la ‎iglesia ortodoxa vinculada al Patriarcado de Moscú, se destruyen millones de libros escritos o ‎impresos en Rusia, se catologa a 6 millones de ucranianos como «colaboradores del invasor ‎ruso» y se asesina a las personalidades que los apoyan. ‎

https://www.voltairenet.org/article218907.html
———————————————————